El pasado 15 de abril del presente año 2021 el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Es un texto pionero para la protección integral de niños y niñas frente a la violencia de todo tipo, al definir ésta en un sentido amplio y desde un abordaje integral, desde el acoso y ciberacoso hasta el castigo físico o violencia sexual.
Partiendo de un enfoque transversal e integral y desde un planteamiento positivo y de corresponsabilidad, pone el foco en la prevención, sensibilización, formación y reparación del daño, como elementos de protección de niños y niñas. Planteando iniciativas de formación de padres y madres, profesionales sanitarios, de servicios sociales, justicia, así como cualquier profesional que trabaje con niños y niñas, incluyendo al ámbito de la publicidad y redes sociales. Contempla la promoción y establecimiento de protocolos preventivos y de intervención en recursos y dispositivos de atención a menores, y centros deportivos.
Se crean nuevas figuras como el o la coordinador/a de protección en centros educativos para, entre otras funciones, asegurar el funcionamiento adecuado de los protocolos de actuación frente al acoso escolar, el ciberacoso o el acoso sexual, así como cualquier otra forma de violencia. Junto a ésta, se crea la figura del delegado de protección para actividades deportivas y de ocio, gestionadas y organizadas por entidades.
La Ley incorpora medidas para impedir que el niño o la niña en procesos judiciales tenga que declarar en repetidas ocasiones, reviviendo experiencias traumáticas. Evitando de esta forma la revictimización secundaria. En este sentido, da un mandato al Gobierno para que cree juzgados especializados y se refuerza el derecho de niños y niñas a ser informados y escuchados. Incluye un nuevo artículo específico para proteger a la infancia en las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar y se elimina la posibilidad de la guarda conjunta en caso de que existan indicios de violencia de género.
En definitiva, se trata de una de las normativas más avanzadas en la prevención y atención a la infancia víctima de todo tipo de violencia.